Justicia
CADENA PERPETUA
El relator especial de la ONU sobre derechos humanos y el medioambiente pidió a Colombia que suspenda, al menos temporalmente, las actividades de la mina de carbón El Cerrejón, ya que daña gravemente el medioambiente y la salud del pueblo indígena Wayuu. Y eso está de acuerdo con el propósito mundial de descarbonizar la economía para combatir el cambio climático. La demanda de nuestro carbón es cada vez menor. Que el mundo quiera reducir sus emisiones de carbono es buena noticia, pero no para quien vende carbón, y el Banco Mundial ya no quiere financiar proyectos de exploración y explotación de carbón, petróleo y gas. Es inevitable el descalabro, por eso el apoyo a las regiones productoras que disminuirán sus ingresos es prioritario, así como la reconversión energética. El hidrógeno es una opción.
HACINAMIENTO CARCELARIO
El hacinamiento carcelario se da, en buena medida, porque nuestra justicia pretende castigar todo tipo de delitos con la cárcel. La prisión preventiva debe ser el útimo recurso teniendo en cuenta la investigación del supuesto delito y la protección de la sociedad y de la víctima. Alternativas hay muchas: sanciones verbales, libertad condicional, penas privativas de derechos, sanciones económicas, incautación, indemnización a la víctima, imposición de servicios a la comunidad, arresto domiciliario. Todo con el objetivo de reducir las posibilidades de reincidencia e incrementar las posibilidades de reinserción social del delincuente, teniendo en cuenta las necesidades de las víctimas.
CÁRCEL SOLO PARA CONDENADOS
Que en las cárceles solo haya condenados. Los sindicados, que afronten el juicio en casa por cárcel. Se combate la injusticia y el hacinamiento disminuye en una tercera parte.
TRABAJO EN LAS CÁRCELES
El INPEC debe procurar los medios necesarios para crear en los centros de reclusión fuentes de trabajo industriales, agropecuarios o artesanales, según las circunstancias y disponibilidad presupuestal, y sin computar más de 8 horas de trabajo diario. Los presos deberían estar afiliados a una ARL. El trabajo podría incluir arreglar carreteras, cosechar el campo y el trabajo con empresas multinivel. Con su trabajo el recluso devuelve a la sociedad por el costo de mantenerlo encerrado con un beneficio que también puede ser personal, no se trata de esclavizar ni de trabajo forzado. El trabajo es voluntario y ayuda a redimir la pena, desarrolla habilidades, confianza, comportamiento saludable, mejor rehabilitación, menos reincidencia. Lo apoyaremos al máximo.
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LAS CÁRCELES
Que en las prisiones no exista un solo recluso con trastorno mental. El sistema penitenciario debe ser capaz de atender y promover la salud física y mental de todos los internos en forma oportuna y eficiente. Haremos lo que sea necesario para que así sea.
NO A LA PENA DE MUERTE EN LAS CÁRCELES
En un país de mayoría católica como el nuestro es inconcebible pensar que puedan existir personas que crean que los reclusos merezcan la pena de muerte como pago por sus errores. Menos si esas personas son funcionarios públicos responsables de su atención y del tratamiento orientado a su resocialización. Que las muertes en la Cárcel Modelo en marzo de este año hayan sido intencionales no demostraría otra cosa que la urgente necesidad de reformar al INPEC, aparte, desde luego, de la investigación penal correspondiente. El derecho a la vida sigue siendo inviolable. Ninguna de nuestras leyes establece la pena de muerte, ni autoridad alguna puede aplicarla.
JUSTICIA POR MANO PROPIA
Justicia por mano propia (JMP) se define como: "una o varias conductas violentas, al margen de la ley, ejercida por una o varias personas, con la finalidad de ajusticiar al presunto autor o autores de un delito, propendiendo con esto, el resarcimiento del daño perpetrado en contra de los bienes jurídicos tutelados en cabeza de las víctimas, familiares o conocidos". La desconfianza en la justicia es su principal detonante, pero la ley del talión nos puede dejar a todos tuertos y sin dientes. Además, que para que se pueda catalogar como legítima defensa, la reacción, ante una agresión real (que no es un raponazo), debe ser inmediata (no premeditada) y proporcional. Matar al presunto ladrón deja al agresor como asesino indiscutible y al primero sin derecho al debido proceso. La JMP no es la solución. Este es también un llamado a la fuerza policial.
JUSTICIA PENAL MILITAR
La Justicia Penal Militar (JPM) es una justicia especializada que se encarga de la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos en actos relacionados con el servicio por miembros uniformados de la fuerza pública. No incluidas las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. En la JPM: 1) los jueces no pueden hacer parte de la línea de mando y deben tener formación jurídica, 2) los investigadores deben ser independientes de la jerarquía militar normal, 3) no se debe acatar el principio de la debida obediencia, 4) debe existir representación de la parte civil, 5) debe excluirse delitos de ejecución extrajudicial, tortura y desaparición forzada, 6) el órgano que decida conflictos de competencia con la justicia civil lo constituyan jueces independientes.
GOBIERNO CRIMINAL
El gobierno criminal es un fenómeno que afecta a millones de personas en el mundo, no es un problema exclusivo nuestro y representa una amenaza creciente para la paz y el desarrollo de los pueblos. El gobierno criminal que grupos al margen de la ley ejercen en varias de nuestras ciudades está relacionado con actividades extorsivas, préstamos gota a gota, homicidios, venta de drogas ilícitas, reclutamiento de menores. Asumen funciones similares al Estado, prestando servicios de seguridad, administrando justicia y hasta cobrando impuestos. Para reducir el gobierno criminal, se debe aumentar el gobierno del Estado con intervenciones innovadoras no sólo violentas, a largo plazo, sin permitir que esos grupos capturen al Estado y haciendo que éste sea más eficiente y eficaz
POLÍTICA CRIMINAL
Se entiende por política criminal como el conjunto de respuestas que el Estado adopta para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. A Colombia le hace falta una política pública en lo jurídico, económico, cultural, tecnológico, ajustada al respeto por los derechos humanos, al debido proceso, técnica, no política, reflexiva, coherente, que contribuya a la protección de la sociedad, de los bienes jurídicos y colectivos de la comunidad, y que tenga como fin último la resocialización, privilegiando la defensa de los procesados en libertad. Tal vez así la nación no reciba tantas demandas y tenga que responder por pretensiones que suman actualmente 16 billones de pesos.
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA JUDICIAL
Que la Rama Judicial disponga de una infraestructura tecnológica tal que la comunidad disponga de todos sus servicios, incluyendo la posibilidad de acceder al litigio en línea, a través de un despacho virtual con suficientes garantías de seguridad y transparencia.
EQUIDAD, JUSTICIA E IGUALDAD
Equidad, justicia, igualdad. Parecen ser términos sinónimos. Pero que, mientras la justicia tiene como principal finalidad mantener la armonía entre los integrantes de una sociedad, la equidad se define como el dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos, pero más en función de sus necesidades. De manera que, siendo justo se puede ser inequitativo. La sentencia, "todos somos iguales ante la ley", denota inequidad en sí misma puesto que no es cierto que todos los seres humanos seamos iguales, y al tratarlos como si lo fueran, no se establecen las diferencias debidas para favorecer al menos preparado o al que mayores necesidades tiene para conquistar efectiva y satisfactoriamente sus intereses.
REFORMA DE LA POLICÍA
Una reforma de la policía es urgente, antes de que por tolerar su mal proceder deteriore cada vez más nuestra democracia. Lograr un cuerpo armado civil, no militar, más cercano a la ciudadanía. Más parecido al policía de la esquina de antaño, en una relación de mutuo respeto con los ciudadanos. Que cumpla con el acuerdo en el cual éstos hemos renunciado a la justicia por mano propia, delegando en el policía el monopolio de la fuerza, como representante que es del Estado, a cambio, por supuesto, de que actúe conforme a la ley, no sea arbitrario y respete los derechos humanos. Si no lo hace, el acuerdo se rompe. Que la función principal de la policía no sea combatir el narcotráfico, en cambio sí, brindar asistencia a los ciudadanos.
DESAPARICIÓN FORZADA
La desaparición forzada es un delito penal que muchas veces termina en asesinato y que puede incluir como causante a servidores públicos. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1.958 y el primer semestre de 2.020, el conflicto armado ha dejado en total 80.582 personas desaparecidas forzosamente, el mayor porcentaje hombres. Pero no solamente el denominado conflicto armado es el causante, la delincuencia común también hace uso del delito para cumplir sus fines, encubrir sus actos o porque sí. No ven porqué no si la impunidad los respalda. Los funcionarios que velan por la integridad de los ciudadanos deberían actuar como si el desaparecido fuera un familiar suyo. Sólo así su diligencia estará a la altura de circunstancias tan funestas. Así será en nuestro gobierno, se llama voluntad política.
Nuestra voz en el gobierno se alzará, junto con todas las voces de los familiares de los desaparecidos forzosamente en Colombia. No aportaremos un silencio cómplice que perpetúa el delito y alcahuetea la impunidad. Trabajaremos para desaparecer la desaparición forzada en Colombia. Da pena que este crimen sea tan común en nuestra democracia, cuando es tan propio de dictaduras. Pocos saben que fue Hitler quien dio inicio a esta práctica cuando ordenó, "la desaparición del enemigo y la negación del conocimiento de su paradero". Ahora ha sido un recurso para "defender la seguridad nacional del enemigo interno" que sólo sirve para reprimir las expresiones políticas disidentes (¡cómo si esta no fuera una democracia!) o diferentes a la propia, por eso es usada como arma - también política - desde todos los frentes.
EXCOMBATIENTES ASESINADOS
Los excombatientes de las FARC firmaron un acuerdo de paz, que incluía el respeto a sus vidas. Muchos han sido asesinados por quienes no estuvieron de acuerdo con ese proceso y buscan venganza en forma sistemática. Nuestro gobierno, contribuirá a la solución de este problema así: 1) declarando su voluntad política de cumplir a cabalidad con el Acuerdo firmado con las Farc, 2) dando las condiciones para que los excombatientes vivan en lugares diferentes a aquellos en los que combatieron, 3) si se considera necesario realizar cambio de identidad, 4) reafirmando y divulgando el compromiso de cada excombatiente por un resto de vida en paz y dentro de la legalidad, incluido el perdón solicitado a sus víctimas que dede ser explícito y 5) persiguiendo a los asesinos.